2013/04/27

CONTRA LA DOCTRINA PAROT, LA DISPERSIÓN.... Y LA POLÍTICA PENITENCIARIA DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Lo primero que desde ARALAR queremos resaltar en este debate es la importancia de la PAZ. Nuestro pueblo, nuestra sociedad, tiene ante sí la mejor oportunidad para lograr la PAZ. La PAZ es uno de nuestros retos y uno de los principales quehaceres que tenemos los y las representantes políticos.
            La PAZ que hagamos hoy, y como gestionemos esta oportunidad, sentará a futuro los pilares de la convivencia de nuestra sociedad. Por eso la gestión de la situación que vivimos debe ser especialmente delicada. Todos y todas debemos actuar con determinación pero con generosidad. Y marcándonos como horizonte lograr una paz que esté basada en la justicia y que tenga unas bases sólidas.
            Decía Gabriel Aresti aquello de “nire aitaren etxea defendatuko dut”, “defenderé la casa de mi padre”. Pero más importante que defender la casa del padre es defender la de los descendientes. Aunque, en este caso es la misma casa. Debemos asentar la paz para defender la tierra que compartimos y en la que convivimos. Y las herramientas que tenemos para ello son las armas más poderosas que existen: la palabra y el diálogo. Que son el fundamento de la igualdad y la diversidad. Que conllevan el reconocimiento mutuo entre diferentes y son pilares de la dignidad humana. Bajo esos pilares debe descansar la PAZ. La argamasa de la construcción de la PAZ son los Derechos Humanos. Sobre estos se apoya el terreno de juego de la solución del conflicto vasco. Los Derechos Humanos fundamentan y  delimitan el espacio colectivo democrático. Y es sobre ese espacio de la colectividad social, del común de nuestro pueblo, sobre el cual debemos construir la paz. Porque la construcción de la paz es la reconstrucción de la sociedad vasca y sus pilares de convivencia. Los Derechos Humanos conllevan la dignidad del  individio por sí mismo y como perteneciente a la colectividad, y son la garantía del diálogo entre iguales, y por lo tanto del reconocimiento mutuo. Los Derechos Humanos son la base de la Paz. Por eso la paz no puede limitarse al ámbito exclusivamente ético, es decir, al ámbito de la moral racional, la paz no puede degradarse al ámbito exclusivamente individual. Ni muchisimo menos podemos caer en el peligroso juego de poner suelos a la paz. La ética sucede en el fuero interno de las personas. Pertenece a la individualidad. La PAZ, sin embargo, es algo más enorme y más complejo: pertenece a la colectividad, a la sociedad. A la sociedad presente y a la sociedad futura. Por eso la paz debe sustentarse sobre fundamentos propios de la colectividad, como lo son la igualdad, la diversidad y los Derechos Humanos.
            El 20 de octubre de 2010 la lucha armada de ETA se acabó para siempre. Desde ese día ya no existe la violencia de ETA en este país. Ese fue el primer paso y el paso fundamental para la paz.
            Antes de eso se había firmado bajo la sombra del árbol que simboliza las libertades y la soberanía de Euskal Herria el histórico e imprescindible Acuerdo de Gernika. El acuerdo de Gernika constituye la hoja de ruta de la paz. Y lo reivindicamos en todas y cada de las letras de todas y cada una de las palabras de sus 8 puntos, que deben ser cumplidos a través de la unilateralidad, que debe ser clave en la construcción de la paz. El contenido del Acuerdo de Gernika encontró el respaldo de la comunidad internacional a través de los 5 puntos de la Declaración de Aiete, la declaración firmada por Koffy Annan, entre otras personalidades, que significa el compromiso internacional y la voluntad de contribuir a construir una paz consolidada sobre una fórmula justa.
            En primer lugar, es esencial la distinción entre la resolución de las cuestiones que se derivan de el ejercicio de la violencia. Esas corresponde solucionar a ETA y al Gobierno del Estado. Por otro lado, es fundamental acometer las bases de normalización política, que es imprescindible para la convivencia social entre diferentes, que eso es cosa de todos y todas, empezando por los representantes políticos y por los agentes sociales de este país. Ambos son pilares imprescindibles de la paz.
            Entre las primeras están el desarme de ETA y su fin como organización armada, la respuesta que debe darse a las víctimas, que son merecedoras del reconocimiento y de la reparación, y la necesaria solución para los presos. Se habla de la disolución de ETA, pero ETA tiene tareas pendientes antes que disolverse, como el desarme y el reconocimiento y reparación a las víctimas que ha generado. Y debe actuar desde la unilateralidad, que significa dar pasos uno mismo sin esperar a que los dé el de enfrente. Debe hacerlo para quitarle al Gobierno Español todas las excusas que utiliza para bloquear el proceso y mantener una política penitenciaria criminal. Estas tres cuestiones (víctimas, presos y desarme) deben, las tres, resolverse y deben darse pasos en positivo para avanzar. Pero no debemos meterlas todas en el mismo saco. Cada una tiene su propia complejidad y sus sensibilidades y debe tener su desarrollo y tratamiento propio. Aunque, evidente,ente todo está conectado.
            Hoy presentamos esta iniciativa para hablar de uno de esos puntos. Que es el que se refiere a la solución que el Gobierno del Estado ha de dar a los presos políticos. ETA ha decretado el fin de la violencia. De su violencia. Y también se están dando pasos efectivos a favor del reconocimiento y de la reparación para las víctimas de la violencia. Empezando por el acuerdo de Gernika y la propia declaración de Aiete.
            Sin embargo, el gobierno español continúa con una política penitenciaria vulneradora de los Derechos Humanos. Una política penitenciaria que se basa en legislaciones especiales y que es decidida por tribunales especiales. Las legislaciones y los tribunales especiales son siempre contrarios a los fundamentos de cualquier Estado de Derecho, que requieren la igualdad ante la ley, las mismas leyes para todos, el respeto escrupuloso a las garantías procesales, y la competencia universal órganos judiciales independientes y ordinarios. La política penitenciaria del gobierno español es todo lo contrario, vulnera los convenios europeos en materia de Derechos Humanos. Es el reflejo de la aplicación de un derecho penal del enemigo. Todo lo contrario de lo que debería ser la acción de la Justicia.
Es obligatorio el fin de la dispersión que castiga a familiares que tienen que desplazarse miles de kilómetros para visitar a sus familiares presos. Que aleja a los presos de su entorno social, que añade a las penas fijadas en la sentencia, la del destierro, la del exilio, la del alejamiento de sus entornos.
Es necesario que se deje sin efecto la doctrina parot, que impone cadenas perpetuas “de facto”, al hacer el cómputo de lo beneficios penitenciarios sobre el total de la pena y no sobre el límite máximo de cumplimiento de las penas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado que la doctrina parot vulnera los Derechos Humanos. Por eso debe acabarse.
Es necesario que se decrete la libertad condicional para aquellos reclusos que sufren enfermedades graves o incurables. Mantener en prisión a quien se está consumiendo por la enfermedad es inhumano, es contrario a los Derechos Humanos.
Es necesario que, en aplicación de lo dispuesto en el código penal y en la ley orgánica general penitenciaria se permita el acceso al tercer grado penitenciario y, en su caso, a la libertad condicional de aquello reclusos que hayan cumplido ¾ partes o, 2/3 partes de la condena.
Y es fundamental que se deje en libertad inmediatamente a todas aquellas personas que están en la cárcel única y exclusivamente por ejercer la actividad política.
Además de eso podríamos hablar de muchas cosas: de montajes policiales, de personas que han agotado el tiempo máximo en prisión provisional, y, tras cuatro años en la cárcel han salido absueltas y libres de todos los cargos. Inocentes que han estado 4 años en la cárcel. La criminalización de la militancia política etc.
El gobierno Español debe dar pasos hacia la paz y cambiar su política penitenciaria. Y desde este Ayuntamiento, así debemos reclamárselo. Lo exige la PAZ, los Derechos Humanos y la construcción de unos pilares sólidos que asienten la convivencia del futuro.

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