Ante la polémica que ha surgido en torno al empadronamiento de las personas inmigrantes por parte de los Ayuntamientos, y a raiz de la postura del consistorio de Vic, en mi opinión el Ayuntamiento debería AVECINDAR a todas las personas que viven en nuestra Ciudad, independientemente de su procedencia o de de su condición jurídica.
Ninguna persona tiene que tener el carácter o el apelativo de ilegal. Todas las personas por definición somos iguales, y debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes, independientemente de dónde hayamos nacido, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la obligación de los poderes públicos es hacer efectivo ese derecho a la igualdad, y no dejar a algunas personas al margen de la Ley. Recordar que más allá de las palabras de Yolanda Barcina, al Ley de Extranjería fue aprobada con el apoyo de PP, UPN y también del PSOE, y llamo a estos partidos a reflexionar seriamente sobre la actuación que están teniendo en este campo. La mejor acción que se puede hacer contra la inmigración ilegal es la regularización de las personas que se encuentran en esa situación, porque todos los derechos deben ser para todas las personas, sin discriminación por su procedencia. En ese sentido creo que la llamada de Barcina al Ministerio del Interior a actuar contra los inmigrantes mal llamados ilegales surge del más absoluto desconocimiento de las circunstancias económicas y de la situación humanitariamente precaria en la que se encuentran esas personas. Si la sra. Barcina tuviera el coraje necesario para ver los sueños y los proyectos de futuro que se esconden tras los ojos aterrorizados, tras el carácter endurecido por un viaje terrible en patera, tras las manos asperas de trabajar duramente a cambio de salarios miserios, probablemente no hubiera hablado con la ligereza frívola que se desprende tras sus declaraciones.
Todas las personas deberíamos tener plena libertad de movimiento, porque es nuestro derecho, del mismo modo en que existe libertad de movimiento de capitales, con mayor razón debería existir la libertad de movimientos de personas.
Creo, además, que es muy preocupante el hecho de que que el debate entorno al empadronamiento de inmigrantes, como en el caso del municipio de Vic, venga precisamente en este momento de crisis económica. Cuando la bonanza económica estaba a la orden del día, quienes ahora alimentan este debate ni se lo planteaban, a la vista de la necesidad de mano de obra barata para poder sacar adelante el sector de la construcción. Y ahora, precisamente esos mismos son quienes plantean dejar a cientos de miles de personas en todo el estado en la estacada de no poder disponer siquiera de los servicios mínimos que te garantiza el empadronamiento.
Por eso, lo que debe hacer el Ayuntamiento de Pamplona así como las instituciones públicas es AVECINDAR a los inmigrantes, independientemente de su situación jurídica. Porque quienes viven y trabajan en esta Ciudad, así como quienes residen en Pamplona y sufren una situación de desempleo, independientemente del color de su piel o de su procedencia, son tan pamploneses como el que más. Y como tales deben ser tratados por el Ayuntamiento, que, además de empadronarlos y reconocerlos como ciudadanas y ciudadanos de Pamplona, debería ayudarles para procurar su integración plena desde el punto de vista social, laboral, económico etc, desarrollando políticas participativas y activas de integración, y acogiéndolos en igualdad de condiciones y derechos, porque esas personas forman parte de la realidad social actual y de la historia viva de Pamplona.
La fachada de nuestra Casa Consistorial cumple el martes 250 años. Dos siglos y medio protegiendo a quienes en este tiempo han desempeñado el papel de regir el destino de la Ciudad. En el dintel de la puerta principal hay una inscripción latina que dice: PATET OMNIBUS JANUA, COR VALDE MAGIS" ESTA PUERTA ESTÁ SIEMPRE ABIERTA, PERO MÁS LOS CORAZONES. Espero que tan noble frase sirva de inspiración a la hora de saber acoger a todas esas personas que han venido a la vieja Iruñea en busca de un futuro mejor.
Ninguna persona tiene que tener el carácter o el apelativo de ilegal. Todas las personas por definición somos iguales, y debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes, independientemente de dónde hayamos nacido, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la obligación de los poderes públicos es hacer efectivo ese derecho a la igualdad, y no dejar a algunas personas al margen de la Ley. Recordar que más allá de las palabras de Yolanda Barcina, al Ley de Extranjería fue aprobada con el apoyo de PP, UPN y también del PSOE, y llamo a estos partidos a reflexionar seriamente sobre la actuación que están teniendo en este campo. La mejor acción que se puede hacer contra la inmigración ilegal es la regularización de las personas que se encuentran en esa situación, porque todos los derechos deben ser para todas las personas, sin discriminación por su procedencia. En ese sentido creo que la llamada de Barcina al Ministerio del Interior a actuar contra los inmigrantes mal llamados ilegales surge del más absoluto desconocimiento de las circunstancias económicas y de la situación humanitariamente precaria en la que se encuentran esas personas. Si la sra. Barcina tuviera el coraje necesario para ver los sueños y los proyectos de futuro que se esconden tras los ojos aterrorizados, tras el carácter endurecido por un viaje terrible en patera, tras las manos asperas de trabajar duramente a cambio de salarios miserios, probablemente no hubiera hablado con la ligereza frívola que se desprende tras sus declaraciones.
Todas las personas deberíamos tener plena libertad de movimiento, porque es nuestro derecho, del mismo modo en que existe libertad de movimiento de capitales, con mayor razón debería existir la libertad de movimientos de personas.
Creo, además, que es muy preocupante el hecho de que que el debate entorno al empadronamiento de inmigrantes, como en el caso del municipio de Vic, venga precisamente en este momento de crisis económica. Cuando la bonanza económica estaba a la orden del día, quienes ahora alimentan este debate ni se lo planteaban, a la vista de la necesidad de mano de obra barata para poder sacar adelante el sector de la construcción. Y ahora, precisamente esos mismos son quienes plantean dejar a cientos de miles de personas en todo el estado en la estacada de no poder disponer siquiera de los servicios mínimos que te garantiza el empadronamiento.
Por eso, lo que debe hacer el Ayuntamiento de Pamplona así como las instituciones públicas es AVECINDAR a los inmigrantes, independientemente de su situación jurídica. Porque quienes viven y trabajan en esta Ciudad, así como quienes residen en Pamplona y sufren una situación de desempleo, independientemente del color de su piel o de su procedencia, son tan pamploneses como el que más. Y como tales deben ser tratados por el Ayuntamiento, que, además de empadronarlos y reconocerlos como ciudadanas y ciudadanos de Pamplona, debería ayudarles para procurar su integración plena desde el punto de vista social, laboral, económico etc, desarrollando políticas participativas y activas de integración, y acogiéndolos en igualdad de condiciones y derechos, porque esas personas forman parte de la realidad social actual y de la historia viva de Pamplona.
La fachada de nuestra Casa Consistorial cumple el martes 250 años. Dos siglos y medio protegiendo a quienes en este tiempo han desempeñado el papel de regir el destino de la Ciudad. En el dintel de la puerta principal hay una inscripción latina que dice: PATET OMNIBUS JANUA, COR VALDE MAGIS" ESTA PUERTA ESTÁ SIEMPRE ABIERTA, PERO MÁS LOS CORAZONES. Espero que tan noble frase sirva de inspiración a la hora de saber acoger a todas esas personas que han venido a la vieja Iruñea en busca de un futuro mejor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario