Hemos podido conocer a través de los medios de comunicación que, en el caso del policía municipal que sufrió mobbing, según la sentencia de primera instancia, de manos de otros compañeros, el equipo de Gobierno de Barcina ha presentado un recurso contra la sentencia de instancia en el cual, al margen de consideraciones jurídicas, por un lado minimizan los hechos y por otro la lado culpabilizan al acosado de haber creado un ambiente "de conflicto". Considero que Barcina, de estar a la altura que exigen las circunstancias, debería apoyar al Policía Municipal víctima del moobing frente a los presuntos culpables.
No obstante, la respuesta de la presidenta de UPN ha sido bien distinta ya que en lugar de proteger al Policía Municipal víctima de mobbing, se minimizan unos hechos muy graves y se responsabiliza a la víctima del ambiente “de conflicto” creado. Y eso es, sencillamente, intolerable.
Con esa actitud, Barcina y UPN están á dejando a la víctima en la más absoluta indefensión y están protegiendo a los presuntos culpables del mobbing. Primero, porque se minimiza una vulneración de derechos consistente en el acoso entre compañeros. Y segundo, porque se culpabiliza a la víctima de crear un ambiente de conflicto simplemente por haber cumplido con su deber de Policía y denunciar una supuesta actuación irregular de otros Policías Municipales.
Es una una desvergüenza que Barcina y UPN, en vez de proteger a un Policía Municipal que ha sido acosado, lo vuelvan a dejar indefenso y además le culpabilicen de la situación de la que ha sido víctima.
Dada su extrema gravedad, la situación y los hechos requieren una postura firme contra la vulneración de derechos que supone el acoso contra este policía municipal. Requiere investigar los hechos, coger a los presuntos acosadores y ponerlos a disposición de la justicia para que les caiga encima todo el peso de la Ley.
Sin embargo,en vez de eso, UPN se está dedicando a perder tiempo y recursos públicos en procedimientos judiciales posicionándose del lado de los presuntos acosadores y dejando a la víctima desprotegida. Siempre que hay una denuncia de acoso existe la tentación derechista de desprestigiar al acosado, lo que en el fondo suele ser siempre no atreverse a abordar el fenómeno del acoso laboral.
UPN tiene el deber político, ético y social de cumplir con el acuerdo de la junta de portavoces que expresa el sentir mayoritario de la ciudadanía, retirando el recurso, protegiendo al Policía Municipal que ha sido la víctima e investigando los hechos para poner a los presuntos culpables a disposición de la Justicia.
Este caso es uno más de los cada vez más graves escándalos que se están sucediendo en la Policía Municipal, que ensucian el gran trabajo que hace la mayoría de las y los agentes municipales. Pamplona necesita un cambio en profundidad que mejore la imagen pública de la Policía Municipal y del ayuntamiento y que imponga una nueva Policía Municipal de proximidad, democrática y eficaz. Y ese cambio debe comenzar por los propios responsables políticos del servicio.
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