La Ley Foral de Haciendas Locales (artículo 242) establece unos plazos claros para las diferentes fases de tramitación del expediente:
- 31 de marzo: formación de estados y cuentas por el Alcalde.
- 1 de junio: aprobación de la Cuenta General por la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento.
- 1 de septiembre para la aprobación de las Cuentas por el Pleno de la Corporación.
Estos plazos, no son un mero capricho del legislador. Son parte del procedimiento legalmente establecido para la aprobación de las cuentas, y permiten una adecuada fiscalización por parte de los y las concejales de cómo se ha realizado la gestión económica del Ayuntamiento durante el ejercicio. Incumplir esos plazos es faltar a la transparencia, dificultar el control y fiscalización sobre la gestión económica y además, y fundamentalmente, es una ilegalidad flagrante. En el caso de UPN en el Ayuntamiento de Iruñea, sistemáticamente, prácticamente (y digo prácticamente por un criterio básico de prudencia) todos los años presentan las cuentas fuera de plazo. Por lo tanto, no sólo incumplen la Ley, sino que además lo hacen de manera reiterada y premeditada. Se puede ser chapucero una vez, pero UPN de Iruñea son chapuceros por sistema. Y además al margen de la Ley. De echo, el Pleno reprobó, a propuesta de Aralar, tanto al alcalde como a la concejala de hacienda, por una irregularidad semejante, el pasado año, y la Cámara de Comptos ha incluído esta cuestión en informes de fiscalización anuales del Ayuntamiento de Iruñea.
Lo de este año es ya de traca. En la Comisión de Presidencia previa a espirar el plazo del 31 de marzo, pregunto en la Comisión de Presidencia por la formación de estados y cuentas por parte del alcalde. La respuesta de la concejala delegada de hacienda local fue que desconocía si se habían formado las cuentas. La concejala de hacienda no sabía si se habían formado las cuentas de ejercicio. A partir de ahí, comisión tras comisión, la respuesta de la delegada de hacienda ha sido más al estilo Ansar, pero sin acento texano: "estamos trabajando en ello".
Vamos, incumplen la ley, dificultando así el control, en un alarde de opacidad y falta de transparencia (por otro lado habituales en el Gobierno Municipal, desde que lo detenta la derecha), demostrando un actuar chapucero, evidenciando una manera de gestionar el dinero público de la Ciudad irresponsable, y, además ignorando de manera manifiesta el estado de uno de los expedientes más trascendentes del año en un Ayuntamiento como el de Iruñea (y en cualquier consistorio).
En fin. Es evidente la necesidad que Iruñea tiene de un cambio en profundidad. Este Ayuntamiento necesita nuevos aires, y una gestión responsable, seria, rigurosa y transparente de los recursos públicos municipales. Eso, además de un cambio en profundidad desde principios de izquierda, reconocimiento de la pluralidad, cooperación con los colectivos, en cultura y en tantas otras cuestiones que ya hoy se hace imprescindible. Badugu lana!
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