JUSTICIA 17 AÑOS DESPUÉS

Mikel Iribarren tenía tan solo 18 años cuando, el 15 de diciembre de 1991 un Policía Nacional le disparó a bocajarro un bote de humo a la cara, junto a su casa en el Casco Antiguo de Pamplona. A consecuencia de la agresión ingresó en coma, con un edema cerebral, hemiplejia-hemiparesia izquierda y con pronóstico grave. Durante un mes estuvo en coma, y posteriormente al despertar, comenzó un durísimo periplo entre quirófanos y salas de despertar, necesitando un total de 459 para recuperarse físicamente de sus lesiones (psicológicamente ya es otro cantar).
La causa penal instruída ante los Juzgados finalizó con la imposibilidad de celebrar un juicio por estos criminales hechos, de tal manera que se decretó el arhivo de las actuaciones por entender que era imposible identificar al policía que perpetró la agresión. Ni siquiera hubo juicio por la vía penal.
Por otro lado, se abrió la vía administrativa por Responsabilidad Patrimonial de la Administración (Arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992). Si bien la Audiencia Nacional dictó sentencia obligando al Ministerio del Interior a indemnizar con 60.101,21 euros a Mikel Iribarren, la vía contencioso-administrativa se cerró en 2003, mediante Sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la resolución de la Audiencia Nacional, bajo el argumento de que Iribarren tenía el deber de soportar el daño, puesto que fue él mismo quien puso en peligro su integridad al encontrarse en el lugar en ese momento. Es decir, que la ratio decidendi del Supremo se limitó a decir que Mikel Iribarren estaba en el momento y en lugar equivocados. Huelga decir que lo único que pretendía Mikel era llegar a su casa, y se encontró con que ese día había follón.
Al no encontrar justicia en los Tribunales del Estado Español, hubo que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pasó el primer filtro en 2005 al ser admitida a trámite, lo cual ya es un paso importantísimo (sólo son admitidas, aproximadamente el 20% de las demandas, y de las que son admitidas son estimadas, aproximadamente, un 80%). Finalmente ha recaído sentencia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a Mikel Iribarren, por entender que el Estado Español sometió a Mikel a un trato inhumano al dispararle un bote de humo a bocajarro, y por entender igualmente que los tribunales españoles "no consideraron suficientemente la gravedad de las heridas y secuelas", y que el proceso judicial no tuvo un "plazo razonable", por lo que vulneraron, a su vez, su derecho a un proceso público con todas las garantías.
17 años ha tardado Mikel en encontrar Justicia. Un plazo demasiado largo para poder pasar página a esa etapa negra de su vida. 17 años ha tardado toda la sociedad en encontrar Justicia. Una sóla violación de los Derechos Humanos, especialmente cuando se produce por parte de los Poderes Públicos, pone en cuestión a todo el Estado de Derecho, a todo el Estado Democrático, a todo el sistema Institucional, y hiere gravemente a la sociedad. Porque son los Poderes Públicos quienes tienen la encomienda de defender y garantizar que todos los ciudadanos pueden ejercer con libertad los derechos que les corresponden, empezando por los más básicos y elementales que son los Derechos Humanos. Si una persona dispara a bocajarro un bote de humo contra la cara de un joven de 18 años, eso es un delito, eso es una agresión a la integridad física y psicológica de la víctima. Pero si además el agresor lo hace en su calidad de representante del Estado y teórico garante de la seguridad ciudadana (Policía Nacional), pasa a ser un crime que atenta directamente contra todo el sistema de libertades. Y si los Tribunales del Estado no son capaces de dar amparo judicial a esa persona que ha visto puesta en peligro su vida y que ha visto gravemente herida su integridad física y su integridad psicológica, precisamente por la actuación irregular de un representante de los Poderes Públicos, eso ya supone una perversión de todo el sistema de garantías jurisdiccionales, pues no ha existido Tutela Judicial Efectiva para Mikel Iribarren. Y esa falta de amparo jurisdiccional hiere gravemente a todo el sistema de Derechos y Libertades del propio Estado, porque evidencia la incapacidad de este para proteger a sus administrados, porque esa inpunidad crea una inmunidad de facto para quien ha violado gravemente los derechos humanos de Mikel Iribarren, y porque, en definitiva los Poderes del Estado han provocado, permitido y amparado judicialmente una agresión que ha supuesto una grave violación de los Derechos Humanos hacia un ciudadano.
Afortunadamente, la Sentencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), y la condena que lleva aparejada contra el Estado Español consistente en indemnizar a Mikel Iribarren con 170.000 euros ha arropado en Justicia, y ha repuesto una situación de vulneración de Derechos Humanos que se ha alargado durante 17 largos años. Zorionak Mikel Iribarren eta bere senitartekoei. Y muy especialmente también Zorionak a su Abogado, Jose Luis Beaumont, que con su intervención letrada, ejemplar para quienes somos colegas de profesión, ha demostrado que la tenacidad, la firmeza y la constancia en la búsqueda de la Justicia con mayúsculas a veces da sus frutos, y ha demostrado también que esa búsqueda insaciable de la Justicia debe ser el verdadero horizonte de quienes nos dedicamos al ejercicio de la Abogacía.